Apoyo del desarrollo socioeconómico de las comunidades que se encuentran dentro de las zonas de acción de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Filipinas

En esta zona la pobreza se debe al limitado acceso a servicios sociales y económicos, así como a las pérdidas provocadas por desastres naturales y humanos. El prolongado conflicto armado entre el Gobierno de Filipinas y el Frente Moro de Liberación Islámica (MILF), junto a la lucha endémica entre diferentes familias y los actos de bandidaje contribuyen de manera significativa en el debilitamiento de la gobernabilidad local y las infraestructuras sociales, además de limitar la capacidad de desarrollo de las comunidades. Como consecuencia, el desarrollo de servicios públicos y sociales adecuados se ve afectado, al igual que la inversión privada y el desarrollo de una red empresarial, ya que el poder adquisitivo local es muy bajo. Por ello, las comunidades afectadas por los desastres requieren ayuda para salir del ciclo de "desastres y pobreza" en el que se encuentran y necesitan acceso a mejores ingresos y servicios socioeconómicos de mayor calidad. Pese al alto potencial agrícola de la zona, la población de las Región XII y la ARMM es muy vulnerable y padece elevados niveles de inseguridad alimentaria. Estas dos regiones se encuentran entre las más pobres del país, con una tasa de pobreza en 2006 del 55,3% en la ARMM y el 33,8% en la Región XII (PI, ADB Filipinas). La población más pobre debe aumentar sus ingresos para poder cubrir sus necesidades básicas y desarrollarse hacia una existencia en un entorno de paz que les permita conservar sus beneficios. Teniendo esto en cuenta, la ayuda es fundamental, ya que las oportunidades disponibles actualmente son considerablemente limitadas debido la falta de acceso a capital de agricultores y personas con pequeños negocios. Además, la existencia limitada de servicios técnicos e instalaciones, y las dificultades presentes en términos de acceso a créditos con intereses razonables sólo complican más la situación. Por otra parte, la debilidad del gobierno local y las estructuras sociales (en relación con los recursos financieros/ubicación de recursos) para facilitar servicios básicos a los más pobres significa que sus oportunidades de acceder a estos servicios y mejorar sus vidas son limitados. Como resultado, y junto a los altos índices de pobreza e ingresos bajos de estas familias, la inversión y mejora de los servicios básicos (por ejemplo de agua y saneamiento) son uno de los elementos fundamentales para las familias afectadas por desastres naturales y conflictos. Todas las zonas identificadas han mostrado claras deficiencias en relación con los servicios de agua y saneamiento, seguridad alimentaria y nutrición tanto a nivel comunitario como de los hogares. Más en concreto, los servicios de agua y saneamiento son escasos, lo que tiene consecuencias negativas en las comunidades, población indígena y desplazados. Además, la situación descrita se combina con la falta de capacidades y concienciación sobre prácticas de higiene, lo que provoca la exposición a enfermedades relacionadas con el agua. Entre las deficiencias, las características del contexto juegan un papel importante en relación con las causas subyacentes de la desnutrición aguda en las zonas en las que los servicios nutricionales son extremadamente escasos o, en la mayoría de los casos, inexistentes. A este respecto, los resultados de una evaluación llevada a cabo por agencias de Naciones Unidas y diversas ONG en febrero de 2009 (organizada junto con la administración pública) mostró que, en términos de estado nutricional, los niños menores de 5 años sufren riesgo de padecer desnutrición aguda, no sólo en las zonas afectadas directamente por el conflicto, sino en toda la región de Mindanao Central. Las principales razones destacadas en el informe son el limitado acceso a alimentos y fuentes de agua potable, y la falta de higiene. En cuanto a las respuestas ante esta situación, todos los miembros de la agrupación nacional para la nutrición están de acuerdo en que los problemas relacionados con la desnutrición aguda no están siendo tratados de forma adecuada por parte de las autoridades encargadas de estas cuestiones. La Oficina Regional del DoH, apoyada por UNICEF, reconoce su falta de conocimientos y capacidades para hacer frente a esta situación e incluso para detectar los casos de desnutrición entre los miembros de las comunidades. El mecanismo de detección, remisión y tratamiento de casos de desnutrición aguda severa en situaciones de emergencia se ha revisado recientemente y en él se ha incluido un "protocolo de emergencia" adicional, actualmente pendiente de aprobación por parte del secretario del DoH. El personal del DoH sobre el terreno sólo cuenta con conocimientos básicos sobre mecanismos de desnutrición aguda. La falta de formación impide la implementación de un sistema de observación y referencia eficaz, y la concienciación entre las madres de zonas rurales a menudo es baja. Está bastante claro que la falta de conocimientos sobre principios básicos de nutrición, salud y prácticas de higiene infantil agrava las causas de mortalidad entre los menores de 5 años. Con el fin de redirigir estas necesidades en las zonas en las que se ha restablecido la Paz y el Orden, el proyecto pretende mitigar la pobreza, reducir el riesgo de padecer desnutrición aguda de las comunidades objetivo, aumentar los conocimientos sobre prácticas de cuidado infantil e higiene, mejorar el acceso a agua potable e infraestructuras de higiene y saneamiento y proporcionar medios de obtención de ingresos a la población. Los tres elementos principales propuestos en esta acción (nutrición, agua y saneamiento, y modos de vida) y el elemento transversal (horizontal) de mejora del sistema de gobierno están interrelacionados y, por tanto, esta operación pretende implementar un acercamiento integrado de dos modos principales, 1) Provisión de servicios a nivel comunitario y de los hogares, y 2) Desarrollo de capacidades de los beneficiarios, colaboradores y autoridades locales. A un nivel superior, las acciones propuestas contribuyen o actúan en la misma línea que las estrategias nacionales del gobierno para la reducción de la pobreza, mientras que ayudan a su vez a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.